Nº 136 El campo de concentración de San Marcos: Su tenebrosa historia y mis recuerdos del IV Congreso Nacional de la Abogacía Española celebrado en León, junio de 1970. Segunda parte

Además de mi asistencia y participación activa al XI Encuentro Internacional sobre Investigaciones del franquismo que tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León los días 16 al 18 de noviembre del 2022, intenté aprovechar al máximo el desplazamiento  visitando el 15 por la mañana la biblioteca del Colegio de Abogados de dicha ciudad, tras conectar con el Decano de esa corporación Fernando Rodríguez Santocildes, al haber sido informado por la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, que era allí, donde se encontraban archivada la documentación disponible del IV Congreso Nacional de la Abogacía Española que tuvo lugar en junio de 1970, acontecimiento al que también tuve la enorme suerte de asistir y participar, del que aprendí muchas cosas, fundamentalmente relativa a la oratoria y razonamientos jurídico-políticos de muchos  ilustres abogados procedentes de diferentes lugares de España y diversas posturas ideológicas, que allí intervinieron.

Una investigación inacabada

La razón y justificación de este segundo objetivo y visita era culminar un antiguo proyecto de investigación sobre el tema de Las prisiones y presos políticos durante el franquismo, que había abordado en las entradas 51, 52, 53 y 54 de este blog entre los meses de marzo y abril de 2019, cuyo eje central era dar respuesta al siguiente interrogante ¿Por qué se perdió la votación de la Comisión Octava de dicho IV  Congreso de León sobre el denominado “Estatuto del preso político”,   la ponencia oficial se denominaba Régimen Penitenciario de Presos Políticos y sociales, libertad condicional y redención de penas del trabajo.

Lamentablemente sucedió, que pese a todas las facilidades y generoso comportamiento tanto del decano y la responsable de la biblioteca del Colegio de Abogados de León, que en esos fondos que estuve examinando durante el transcurso de la mañana faltaban documentos esenciales, para poder reconstituir de forma veraz y objetiva, cómo transcurrió el mismo -como eran entre otros, las propias actas del congreso y de las nueve comisiones, que funcionaron sobre las respectivas nueve ponencias previstas con los temas programados inicialmente, que se estuvieron estudiando y elaborando durante meses, en comisiones de trabajo, constituidas territorialmente por representaciones de varios colegios de abogados de España, que se presentaron en tiempo y forma hábil, de acuerdo con las normas contenidas en el reglamento del Congreso así como de otros muchos escritos y peticiones cursadas durante el transcurso de la semana.

La desaparición de documentación no sólo ocurre en las administraciones públicas sino en los partidos políticos, las corporaciones profesionales y asociaciones de todo tipo. Es muy frecuente, entre las personas que han ocupado puestos y cargos directivos y representación en las mismas, que al acabar su mandato, “arramplen” y se lleven “todos los papeles y material documental del periodo en que ha desempeñado esas responsabilidades directivas”, como si fuesen y formasen parte de un patrimonio individual, olvidando deliberada y de manera personal egoísta, la dimensión “colectiva” de su representación y gestión, que les obligaría siempre a dejar y conservar esa documentación, precisamente para una posible investigación, análisis y valoración global de los resultados de su labor.

Campos de concentración en la España de Franco

Ya he relatado en alguna ocasión, cuál fue mi primer conocimiento expreso de la existencia de esos campos de concentración en nuestro país.

Cuando comenzé, estando ejerciendo en Sevilla como magistrado de lo social y a la edad de cincuenta años cumplidos, a preparar la documentación para realizar la tesis académica sobre el TOP, entre 1993 y 1995 tuve que reconstruir y “aflorar”- a través de su hoja de servicios, su  historial militar -el perfil biográfico del comandante Manuel Fernández Martín, fue el vocal ponente -que redactó la sentencia en el consejo de guerra que condenó a muerte a Julián Grimau– y al que califiqué, en una colaboración para una revista catalana de “mentiroso compulsivo”, en donde se decía:

Que se incorporó a las fuerzas sublevadas a las órdenes del coronel Monasterio como soldado el 2 de octubre de 1936, a los seis días fue habilitado como alférez médico -sin estar licenciado en medicina- y el 27 de abril de 1937, se le nombra oficial de 3ª honorario del cuerpo Jurídico Militar -sin tener la carrera y licenciatura de Derecho, tan sólo había aprobado varias asignaturas en la facultad de Sevilla-, ascendió a comandante auditor en diciembre de 1960, habiendo ejercido en distintas auditorias de guerra y en diferentes fiscalías, siempre a satisfacción plena  de sus superiores. Recién acabada la guerra civil fue nombrado director de los campos de concentración de Badajoz y Mérida.

Además de incorporar dicho perfil biográfico a las dos ediciones del libro sobre el TOP, a continuación de la sentencia condenatoria de Julián Grimau -págs. 418 a 420, de la 1ª y 399-400, de la 2ª ampliada-   también puede leerse ese perfil ampliado en el Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia.

Desde esa fecha y sobre todo especialmente a partir de la celebración de un congreso en Barcelona – en el 2002, en el Museo de Historia de Cataluña- Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y el franquismo y la posterior publicación de las ponencias- Una inmensa prisión y de las actas del Congreso, -versiones en castellano y catalán- (J. Sobreques, C.Molinero y M. Sala, eds., Edit. Critica.2003) abrieron una muy importante y definitiva vía de investigación en el ámbito académico español, que no ha dejado de ampliar y expandir ese complejo y rico objeto para el análisis de cuáles fueron las primeras técnicas represivas de la dictadura, distinguiendo y diferenciando los campos de concentración españoles con los que funcionaron en la Alemania nazi y asimismo la distinta constitución y finalidad entre estos centros – inicialmente destinados, como primer eslabón de la cadena depuradora y represiva para los prisioneros del ejército republicano (Javier Rodrigo Sánchez, Campos en tiempo de guerra (1936-1939. Historia del mundo Concentracionario franquista, en C. Mir- Coord.- La represión bajo el franquismo. Dossier de AYER, Nº 43/2001).

Quizás, uno de los últimos trabajos más completos sobre dicho tema, sea el ya citado de Carlos Hernandez de Miguel, -publicado en 2019-, donde se analizan y describen hasta 300 campos de concentración-, quién en un emotivo Preámbulo muy personal -Págs. 55 y 56.- relata dos muy significativas anécdotas referidas “al silencio impuesto y asumido por toda la sociedad española hasta fechas muy recientes” del que fue campo de concentración de San Marcos, ambas datadas en los años 1975 y 2014 merece la pena leerlas, para comprender en su verdadera dimensión, como ejemplos de “la memoria mutilada por el Estado Franquista”, lo que lamentablemente  se prorrogó durante mucho tiempo tras restaurarse el actual sistema democrático parlamentario.

El IV Congreso Nacional de la Abogacía Española, León junio de 1970.

A esas dos anécdotas, podrían añadirse otras muchas, pero hoy y aquí, me voy a permitir “aflorar”=sacar a la luz una personalísima, que ocurrió en junio del año 1970 y que he recuperado plenamente en toda su intensidad, en mi reciente estancia en la ciudad de León, tratando de lograr materiales e informaciones diversas, sobre, uno de los temas más controvertidos y polémicos y con mayor repercusión pública del Congreso Nacional de la Abogacía de León, -el Estatuto del Preso Político- ese importante acontecimiento jurídico-político del “último quinquenio” de la dictadura franquista.

En junio de 1970 cuando se celebró en León el IV Congreso Nacional de la Abogacía Española, al que asistí -llevaba seis escasos meses de ejercicio y aprendizaje profesional- en el despacho laboralista de la calle de la Cruz nº 16 de Madrid -pionero madrileño en este tipo de defensa y ayuda a los trabajadores y a sus organizaciones ilegales y clandestinas más representativas, después de cumplir la condena de un año de prisión por propaganda ilegal impuesta por el TOP.

Dicho Congreso, en mi modesto juicio, fue uno de los acontecimientos jurídico-político-profesionales más importantes ocurridos en el periodo final de la dictadura, incluso creo que más que el denominado Contubernio de Múnich de mayo de 1962.

En él participaron muchos abogados representantes de todas  las fuerzas políticas que estaban en la oposición a la dictadura – sin excluir a ninguna de ellas-, se consiguió, pese a que la organización y presidencia del Congreso estuviese en manos del decano del Colegio de Abogados de Madrid, José Luis del Valle Iturriaga, albacea de Jose Antonio Primo de Rivera y franquista declarado, que se votasen y se ganasen diferentes propuestas de medidas socio-políticas que tendrían trascendencia para la futura transición , como fueron  la petición de Amnistía General, la de supresión de las Jurisdicciones Especiales, entre las que destacaba la de Orden Público, la abolición de la pena de muerte y otras muchas en el orden corporativo profesional de los abogados, muy especialmente en las incompatibilidades para el ejercicio con otros profesionales – como los Inspectores de la Policía.

Según cuenta y relata Luis Revenga -págs. 181 y siguientes-, en su artículo El IV Congreso de la Abogacía Española. León 1970, en el libro Ilustre Colegio de Abogados de León 1844-1994, editado para celebrar los ciento cincuenta años de esa institución, “Cuando el Consejo General de la Abogacía se planteó la necesidad de un cuarto Congreso hubo de elegirse cuidadosamente el lugar de celebración. Se trataba de buscar una capital de provincia escasamente politizada, sin industrias que sustentaran grandes plantillas, de los que entonces se llamaban productores (en el Sindicato Vertical), sin Universidad (de revoltosos estudiantes), un lugar en suma pacífico y apacible donde pudiera trabajarse bajo una perspectiva estrictamente profesional y no política aunque las conclusiones a las que se llegara habrían de ser sometidas al poder público y no digo a los poderes públicos por su evidente concentración y uniformidad.

Por aquel entonces las gentes nos dividíamos entre adictos y desafectos al régimen; pero la militancia en la primera era tácita y en la segunda era escasa y clandestina.

La aparente tranquilidad vino a turbarse por el grupo de abogados madrileños, compañeros más “politizados pero correctos y respetuosos con la Organización del Congreso que asumió el Colegio de León. Nuestro Colegio”.

A nadie, tanto de los autodenominados “adictos”, como “los desafectos” -a los llamados “ politizados madrileños”- entre los que  yo me encontraba, resto de congresistas apolíticos y, en las diferentes comisiones y plenos del Congreso de León, nunca se hizo mención o mínima referencia al que ya era el lujoso Hostal de San Marcos -inaugurado por Franco en 1965- y sede oficial de dicho Congreso en sus sesiones solemnes de apertura y cena de gala – esmoquin para los caballeros y traje largo para las señoras- como cierre en los días 15 y 21 de junio de 1970, en el salón Eminencia, había sido parte de  uno de los 300 campos de concentración que se pusieron en funcionamiento durante la guerra civil  española, quizás uno de los más sanguinarios, inhóspitos y crueles.

Esa doble situación y circunstancias concurrentes- pacto de silencio y olvido deliberado de “los afectos” a la dictadura de lo que había ocurrido en León durante y después de la guerra civil y la posguerra- y por otra parte, el desconocimiento más absoluto de los llamados “desafectos”- veteranos opositores políticos de todas las tendencias políticas- y la ignorancia de lo realmente ocurrido en ese aparente fastuoso lugar se dieron durante la semana que duró el Congreso en junio de 1970.

Ello, de por sí sólo constituyó más que una anécdota, una experiencia práctica real y visible, de lo que en 1970 era una sociedad mutilada y castrada por la censura y la desmemoria impuesta desde el poder a través del control absoluto de los medios de comunicación de la dictadura franquista.

Tampoco lo hicieron entonces y después, al menos en la por mí consultada, los múltiples periodistas nacionales y extranjeros que cubrieron con crónicas, entrevistas, reportajes y noticias mencionase públicamente los tristes antecedentes de ese lugar, como campo de concentración.

La espectacular decisión y medida del plante al ministro de Justicia Oriol Urquijo, en la solemne sesión de apertura del Congreso al que dejamos con la palabra en la boca al inicio de su discurso inaugural, unos doscientos “díscolos” fue acordada y previamente consensuada entre todos aquellos que representábamos a la oposición política a la dictadura franquista que nos dimos cita en León y procedíamos, como es público y notorio, no sólo de Madrid, también de otras muchas y diferentes ciudades españolas.

Como reconoció el antes citado cronista y “abogado afecto” Luis Revenga “Lo cierto es que jamás -año 1970- se había realizado acto semejante contra el poder constituido”.

Sigue el relato de lo allí acontecido, …Y ahí hubiera terminado la cuestión, si el presidente del congreso y decano del Colegio de Madrid hubiera guardado silencio. Pero José Luis del Valle Iturriaga se puso en pie, se dirigió al ministro y en voz pública dijo: Permitirme sr. ministro, que os abrace en nombre de los abogados de buena fe. Y allí se desencadenó la división de opiniones. Unos aplaudieron y otros silbaron.

Esta diversidad de opiniones, como las que frecuentemente se manifiestan en los cosos taurinos, pusieron de manifiesto públicamente, que en dicho IV Congreso no iba a ser un paseo triunfal de los abogados del franquismo.

Esta versión y valoración del comienzo e inauguración oficial del congreso, no fue la posteriormente publicada en la crónica oficial colegial y en la prensa madrileña.

Una tardía pero necesaria restauración a la memoria de las víctimas del campo de concentración de San Marcos

En la hoy obligada visita a internet para preparar esta entrada, me encontré con una noticia titulada <<Una historia de sangre, sudor y lágrimas>> del Diario de León del 9 de junio del 2021, firmada por la periodista Ana Gaitero, en la que se daba cuenta, de la existencia de un vídeo, titulado Homenaje al último superviviente…cuenta la verdad de San Marcos. Josep Sala, el último superviviente del campo de concentración de San Marcos, fue ayer el rostro de las 15.000 a 20.000 personas apresadas entre 1936 y 1939 en el recinto hoy Parador Nacional.

Se relataba en ese artículo, que en la sala capitular de San Marcos, se ha colocado una placa que dice: Campo de Concentración.  Por primera vez, el hostal de lujo, que inauguró Franco en 1965 pone nombre a un capítulo ominoso de su historia, recuperando un eslabón perdido…

El acto-restringido  a autoridades y familiares de víctimas del campo y sin acceso a la prensa, retrasmitido en streaming -organizado por el presidente de la empresa pública  Paradores Nacionales, en la parte alta del claustro de San Marcos es un homenaje a Josep Sala Gorrea que estuvo preso durante cuatro meses con 19 años y regresó a punto de cumplir los 102 años -los hará el 12 de septiembre-con la emoción de ver reparada una deuda pendiente, << es un recuerdo a los que conmigo pasaron muchas calamidades en este campo, un colofón a lo que pasamos aquí que fue sangre, sudor y lágrimas>> dijo el homenajeado, en la que fue la última de las intervenciones, y dirigiéndose a los jóvenes y generaciones venideras pidió que se deshagan de las guerras, porque es lo peor que puede pasar a un país. También tuvo palabras para la clase política y pidió lo imposible <<Cordura, concordia y sensatez>>.

Intervinieron en ese acto que presentó Oscar López, Carlos Hernández de Miguel, Olga Rodríguez, Luis García Montero, Antonio Gamoneda, Jose Luis Rodríguez Zapatero y el homenajeado Josep Sala.

Sus parlamentos pueden ser vistos y oídos en el siguiente enlace al video.

NOTA. – La falta de documentación referida al IV Congreso Nacional de la Abogacía de León retrasará -pero no impedirá- la culminación de la investigación iniciada sobre el frustrado y elaborado Estatuto del Preso Político y la hábil maniobra de su sustitución.

Madrid a 17 de diciembre de 2022

Juan José del Águila Torres, exabogado laboralista, exmagistrado, doctor en derecho e investigador-aflorador.