Catorce de ellos fueron detenidos-doce universitarios y dos universitarias-  entre el 17 de marzo y  el 12 abril de 1947  por miembros de la Brigada Político Social, entre los que se encontraba el ya entonces  conocido Roberto Conesa,  permanecieron en la Dirección General de Seguridad periodos superiores a diez días puestos a disposición del Juez Militar Instructor Coronel Eymar, que tenía  despacho en la propia DGS.

Personaje descentrado psicológicamente y  vengativo, tal y como  Nicolás Sánchez Albornoz,  lo califica en sus Memorias y quién además tuvo la graciosa ocurrencia de anunciarles  a los procesados que los enviaba a Alcalá de Henares para que comiesen “almendras garrapiñadas” (un producto típico de dicha localidad madrileña ).

Eymar les procesó por Rebelión Militar y dictó su ingresó en las prisiones de Ventas para las dos  chicas y Alcalá de Henares para el resto, sometidos a un procedimiento Sumarísimo y condenados por dicho delito en  un Consejo de Guerra Extraordinario de Oficiales Generales-ya que entre los detenidos había un oficial alférez de complemento-  a diversas penas, en la Sentencia de 12 diciembre de 1947 y de la que se han cumplido setenta años.

Nicolás Sánchez Albornoz y Albina Pérez Fernández dos protagonistas y testigos de esta historia.

Hoy tenemos la inmensa  suerte, a pesar de ese largo periodo de tiempo transcurrido de que sigan entre nosotros   dos supervivientes de ese grupo de pioneros luchadores demócratas universitarios Nicolás Sánchez Albornoz (Madrid 1926) y Albina Pérez Fernández ( León 1925) que  se han ganado el derecho junto al resto de los doce  ya  fallecidos , todos ellos de unos  perfiles y calidades personales, profesionales y políticas extraordinarias, que merecerían un trabajo completo y exhaustivo de sus vivencias y experiencias por ser  verdaderos protagonistas en la  extensa red de opositores represaliados del franquismo, que siguieron luchando y combatiendo desde diversas frentes por la recuperación de la democracia.

Fueron además,  los precursores de la FUDE (Federación Universitaria  Democrática Española) que se constituyó de nuevo a finales de 1961 y que fue protagonista de las luchas y movilizaciones en las principales universidades españolas a partir de esas fechas  hasta  conseguir la desaparición del SEU y el nacimiento de los Sindicatos Democráticos de Estudiantes en el final de la dictadura franquista.

Vulneraciones de la propia legalidad franquista.

Tanto en las detenciones , procedimiento seguido y en esa sentencia se vulneraron diversas normas del propio ordenamiento jurídico vigente en la dictadura, que intentaremos resaltar, además  del carácter indiciario que tiene el número 140.189 asignado a la Causa, para hacer una valoración provisional cuantitativa de represión llevada a cabo mediante consejos de guerra celebrados a partir de abril de 1939.

Convocatoria, celebración y sentencia del Consejo de Guerra de Oficiales  en la Causa 140.189 el 12 de diciembre de 1947.

Hubiese sido obligación legal y moral del Consejo de Guerra, primero por parte del fiscal que asumió la acusación en el acto de la vista explicitar y razonar el porqué  de esa modificación a la baja de las penas  inicialmente solicitadas de ocho años y en segundo lugar, la Sala debería haberse también pronunciado en la misma sentencia sobre tal importante extremo y las razones que le habían llevado, contrariando la tesis del fiscal a elevar las solicitadas por él en las conclusiones provisionales, salvando una simple referencia en el  considerando quince… que el fiscal solicitó para todos penas de prisión en diversos grados.

Se añadía en el mismo apartado… y por la Defensa benevolencia y una sentencia absolutoria, por no existir intención delictiva y teniéndose en cuenta los antecedentes morales y religiosos de los procesados.

Habría que haberle aclarado a dicho militar obligado a realizar tareas  de defensa no propias de su condición profesional, que la benevolencia  según el DRALE  es una cualidad de simpatía y buena voluntad hacia las personas, actitud, que como se demostró en el acto del juicio y en la sentencia condenatoria, de la que  carecían  los miembros de ese Consejo de Guerra de Oficiales Generales.

El papel y función  de los defensores militares, ante los Consejos de Guerra  salvo honradas y muy concretas excepciones, eran puramente formalista y protocolaria para cubrir las apariencias de una supuesta legalidad,  llegándose incluso en ciertas ocasiones,  a realizar las de abogado acusador o segundo fiscal.  Las referencias a los principios de  moralidad y religiosos de sus defendidos resultaban  fuera de lugar,  totalmente extemporáneas y con casi total seguridad, no habría sido autorizada por los propios afectados.

Véase la comunicación a unas Jornadas de Barcelona con el título Las supuestas defensas en los Consejos de Guerra  sumarísimos del franquismo, que necesita una nueva reelaboración y puesta al día.

Por último, respecto  al fondo de la cuestión fundamental de los hechos imputados en la acusación, para la Sala de Oficiales  Generales sentenciadores, al igual que para la Brigada Político Social, del Juez Instructor Eymar y de los diversos fiscales , quedaron tipificados en el primer considerando en los siguientes términos…ya que la finalidad propuesta y conseguida  por los procesados fue la de propagar noticias falsas, tendenciosas, injuriosas, así como asistir a reuniones, ,adquirir fondos y en suma procurar por todos los medios a su alcance causar trastornos de orden público interior, con la acostumbrada propaganda exterior perjudicial para el buen nombre de nuestra Patria, los que a juicio de los sentenciadores les hacía acreedores del total de los  cincuenta y cuatro años de prisión impuestos a  los catorce procesados , justificando así en el texto de la sentencia, las penas más altas  de ocho años por haber sido oficial  del ejército republicano -José Luis Rubio Chamorro- y la del alférez Oscar Kriales Castrillo, al haber olvidado, según se decía en la sentencia el prestigio de su uniforme y las enseñanzas recibidas en los cursos preparatorios para adquirir tal empleo.

La aplicación a todos ellos de la Ley de 2 de marzo de 1943– anteriormente referenciada-, por la que se equiparaban al delito de rebelión militar las transgresiones del orden jurídico que tuviesen una manifiesta repercusión en la vida pública…, cuando ya se encontraba vigente el Código Penal, Texto Refundido de 1944 promulgado por decreto de 23 de diciembre de  de 1944 en el que se contemplaban tipificaciones más acordes con la escasa o nula entidad de los hechos encausados y con penas mucho más benignas, lo que  ponen de manifiesto, que el régimen y dictadura de Franco y la llamada Justicia Castrense que monopolizaba todavía en aquellas fechas  de 1947 la represión política no estaba dispuesta a ceder lo más mínimo, en el desarrollo dentro de los ámbitos universitarios de mayores cuotas de libertad y de opinión, ya que eran conscientes, como ocurrió a partir de mediados de los sesenta, con la desaparición del SEU y su férreo control sobre los universitarios , comenzaría el principio del fin de la dictadura.

La presidencia del Consejo de Guerra del General de División Luis Redondo García.

De este general del ejército de Franco, hay una referencia expresa en el capítulo quinto (Remisión del proyecto de ley-de creación de la Jurisdicción Especial  de Orden Público- a las Cortes: Comisión Especial), Pags. 252 a 318 de la tesis académica El Tribunal de Orden Público -TOP- trece años de represión política.

Consta que cuando se iba a constituir en Las Cortes esa Comisión Especial para  dictaminar el proyecto de Ley remitido por el Gobierno, el entonces Ministro del Ejército general Martin Alonso recomendó por escrito al Presidente de las Cortes –Iturmendi-para que pudieran participar en la misma, una serie de Procuradores , que tenían esa doble funcionalidad además de ser militares en activo también tenían esa condición, entre los que estaban Rafael García Valiño, Manuel Fernández Marín, Luis Redondo García y le acompañaban en la relación  propuesta , Antonio Pérez Cobos, Carlos Asensio Cabanillas, Miguel Rodríguez Martínez, Enrique Amado del Campo, Raimundo Fernández Cuesta,, Francisco Fernández Longoria, Miguel Vizcaíno Márquez, Rafael Díaz Llanos y Ángel Rivas Guadilla, de los doce, dos fueron designados para la ponencia y ocho lo fueron para la Comisión.

De dicho grupo de militares-procuradores tuvieron una participación directa en el crimen de estado de Julián Grimau, Rafael  García Valiño, entonces capitán General de la Primera Región Militar, que dio el plácet a la condena de pena de muerte, el falso comandante Fernández Martín, quién no tenia la carrera de derecho, que actuó de Vocal Ponente y Amado del campo, fiscal militar en dicho procedimiento, para mayor información pueden ser consultados los capítulos III, IV y V de la tesis académica anteriormente referenciada.

Se da la curiosa coincidencia y paradoja que el general Redondo García, también fue  uno de los  miembros Vocales en el Consejo de Guerra de Oficiales Generales que juzgó al falso Manuel Fernández Martín.

El perfil biográfico de Luis Redondo García tal y como apareció en la página 354 de la antes referida  tesis académica se reproduce a continuación, así como la necrológica que publicó el ABC de Sevilla de dicho general.