Juan Jose del Aguila jurando la constitución

El acceso a la carrera judicial

Sinopsis - Abstract

La tramitación de la segunda solicitud para el acceso a la carrera judicial para juristas de reconocida competencia y acceso a la misma en Granada.

El acceso a la carrera judicial

Tras cumplimentar debidamente los requisitos y exigencias formales que establecía la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de abril de 1990 convocando concurso para cubrir 77 plazas en la categoría de Magistrados en la carrera judicial, se publicó el 22 de junio en el BOE una primera lista provisional de los que habían firmado la solicitud 146 admitidos y 45 excluidos, estos últimos por diversos defectos formales.

Una vez superado el plazo de posibles reclamaciones por Resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de 19 de julio se publicó en el BOE del 27 la lista definitiva de los 175 admitidos y 16 excluidos.

El Tribunal calificador designado por la Comisión Permanente del Poder Judicial estaba presidido por Magistrado del Tribunal Supremo José Jiménez Villarejo, el Fiscal del mismo Tribunal Fernando López Fando Raynaud, el Magistrado de la Audiencia Provincial Antonio Pedreira Andrade, el catedrático de derecho penal José Manuel Gómez Benítez, el abogado Francisco Navarrete Ruiz de Huidobro y el Abogado del Estado Pedro González Gutiérrez Barquín, este último actuaría como secretario.

Tras la preceptiva entrevista con el Tribunal Calificador, a la que fui citado mediante telegrama que tuvo lugar el 8 de octubre, en ella intervinieron prácticamente todos sus miembros, con preguntas muy variadas que abarcaron además de diversos aspecto de los méritos y trabajos profesionales alegados en mi solicitud, otros temas relacionados con el derecho comunitario y de diferentes cuestiones procesales.

Unos días después coincidí en la librería de Marcial Pons de la calle Bárbara de Braganza con Antonio Pedreira viejo conocido de las Magistraturas por haber sido antes de su elección por la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid y a propuesta del PSOE como magistrado, abogado del Ayuntamiento de Madrid y de la Seguridad Social quién con su media sonrisa y acento gallego me dio la enhorabuena.

Pese a ello hube de esperar el resultado final oficial, que se produjo mediante Orden de 2 de noviembre de 1990 publicada en el BOE del 3 de noviembre con la lista de los 28 nuevos Magistrados, en la que yo figuraba en el cuarto lugar con una puntuación de 18.16, en una escala de 16 a 25, puntuación máxima, que tan sólo logró María Teresa Fernández de la Vega.

A quién ya conocía desde 1979 cuando llegó desde Barcelona para ocupar plaza de Secretaria de una de las Magistraturas de Trabajo de la calle Orense de Madrid, quién personalmente fue una de las personas que más me animó a que presentase nueva solicitud de acceso a la carrera judicial y que en aquellos momentos , después de una larga y exitosa carrera política en los Ministerios de Justicia e Interior, con Fernando Ledesma Batret y Juan Alfonso Benlloch formaba parte como Letrada-Asesora Técnica del Consejo General del Poder Judicial.

Tras su toma de posesión en la Magistratura de Trabajo Nº 30 de Madrid y en el mismo día solicitó la excedencia , sin poner ni tan siquiera una sentencia, seria nombrada a propuesta del PSOE Vocal Permanente de dicho organismo, tras lo cual siguió una fulgurante carrera política que la llevó en sucesivas legislaturas como parlamentaria del PSOE como diputada por Valencia y Segovia y por último, a la Vicepresidencia del Gobierno de Zapatero, puesto que abandonó para ser designada como Vocal Permanente del Consejo de Estado, en el que permanece en la actualidad.

De las 77 plazas vacantes de Magistrados inicialmente previstas 49 habían quedado desiertas, pese a que entre los 57 no admitidos figuraban compañeros y compañeras con una dilatada y acreditada experiencia profesional entre otros muchos, como Dolores González Ruiz- superviviente del atentado al despacho de Atocha- María Ángeles Momparler Carrasco, veterana abogada laboralista de Valencia y Luis Zumalacárregui Pita Bahamonde, abogado laboralista madrileño.

De entre todas las plazas vacantes ofertadas- trece de ellas de la Jurisdicción Social en diferentes ciudades- opté en primer lugar por la del Juzgado de lo Social Nº 4 de los de Sevilla, que fue la que oficialmente la que me concedieron mediante Real Decreto 32/1991 de 16 de enero (BOE de 22 de enero). En la decisión por dicha ciudad influyeron varios factores, el hecho de que tuviese universidad para los estudios de mis dos hijas y también ser sede administrativa de la Junta de Andalucía, lo que habría de facilitar un posible traslado de Mayte, quien en aquellos momentos ocupaba la Secretaría General de la Dirección General de Cinematografía dependiente del Ministerio de Cultura.

Acto de nombramiento en Granada

Promesa solemne de acatar la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente en Granada y ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Por lo que me presenté dentro del plazo de veinte días en Granada sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde ante la Sala de Gobierno hube de prometer cumplir y ejercer fielmente de acuerdo con la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente las funciones jurisdiccionales, que me correspondían como Magistrado acompañado en dicho de mis padres, hermanos, amigos de Madrid, José María Gonzalo Fra y Paloma Vela, algunos antiguos compañeros del Colegio del Sacro-Monte y los abogados laboralistas granadinos Fernando Medina y Francisco Aceituno, quienes habían estado pasando un periodo de aprendizaje con María Luisa Suárez Roldán en el despacho de la calle Cruz nº16.

Las fotografías de dicho acto muestran  que el texto impreso de la fórmula de juramento o promesa, se encontraba en una biblia abierta con la página de la izquierda y una estampa de un  Cristo  crucificado, sobre una mesa en la que, además había otro crucifijo con un Cristo de marfil. Dado que aquella profusión de imágenes y parafernalia religiosa en un simple acto de juramento o promesa conculcaba flagrantemente el apartado tercero del artículo 16 de la Constitución “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones con la Iglesia católica y las demás confesiones”, estuve dudando unos segundos si solicitaba de la Presidencia, el que  las retirasen, pero lo descarté sobre todo  ante la presencia de mis padres-ambos católicos practicantes , satisfechos y orgullosos- en el solemne acto de promesa y más que nada de lo que hubiera significado dicha conducta en el inicio de mi nueva función jurisdiccional.

Toma de posesión del Juzgado de lo Social Nº 21 de Sevilla.

El 11 de febrero del mil novecientos noventa y uno tomaba posesión del Juzgado de lo Social Nº 4 de los de Sevilla y las primeras medidas que adopté, fueron suprimir de la sala que me correspondía para celebrar los juicios y de la mesa del despacho oficial sendos crucifijos, sustituyéndolos por un atril de madera con un ejemplar de la Constitución de 1978, tal y como apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado del 29 de diciembre de 1978, que me acompañó siempre durante los veinte y un años, dos meses y seis días que ejercí de Magistrado en dos Juzgados de lo Social Nº 4 y 2 de Sevilla y en Nº 21 de los de Madrid, lo que no dejaba de causar sorpresa a muchísimos de los abogados intervinientes, que se acercaban al terminar los juicios para contemplar esa portada histórica del BOE.

Los once Juzgados de lo Social de Sevilla- anteriormente durante el franquismo denominados Magistraturas de Trabajo, constituían una Jurisdicción Especial, creada después de la aprobación del Fuero del Trabajo en el año 1938 dependientes del Ministerio de Trabajo, se encontraban en la Calle Niebla, en el barrio de Los Remedios, en un viejo edificio que fue sede y fábrica de los chocolates Nestlé, con dos plantas, sótano y un amplio patio que servía de aparcamiento de vehículos de magistrados y secretarios.

El Juzgado de lo Social nº 4, estaba en el sótano del edificio que anteriormente a mi llegada- durante la dictadura franquista- era un Juzgado Especial encargado de llevar a cabo los procedimientos de ejecuciones gubernativas de la Seguridad Social, de donde se detraía un porcentaje del total recaudado, que pasaba a formar parte de una caja B, cuyos fondos eran destinados a retribuir un sustancioso complemento en las retribuciones oficiales a los Magistrados, Secretarios y Funcionarios de dicha Jurisdicción Social, tema que algún día sería necesario sacar a flote para conocer mejor la corrupción institucionalizada de la dictadura franquista, con la anuencia y colaboración de magistrados, jueces y funcionarios de esa especial jurisdicción, ya que todos cobraban ese complemento en diferentes cuantías.

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