Nº 14: Una tesis académica sobre el Tribunal de Orden Público: Antecedentes

Con fecha 7 de mayo, el Tribunal designado por el Consejo General del Poder Judicial decidió -sin razonamiento alguno y ni tan siquiera escucharme- excluirme junto a otros cinco solicitantes por entender que no reuníamos los méritos necesarios para tener la consideración de juristas de reconocida competencia, teniendo en cuenta el nivel de la función a desempeñar.

Dicha negativa me sentó fatal a nivel personal y profesional, pero aún fue peor  comprobar el nulo nivel de solidaridad entre los compañeros y conocidos del gremio de abogados, incluidos los que ya habían ingresado a través de dicho procedimiento en la carrera judicial, entre los que no hubo nadie que se pronunciase, sobre esa decisión adoptada por el Tribunal y que yo entendía discriminatoria y que atentaba y vulneraba  el principio constitucional de igualdad de todos los ciudadanos.

Fue entonces cuando decidí hacer los cursos de doctorado con la finalidad de poder después de los mismos realizar una tesis doctoral. De ahí que me pusiese en contacto con María Emilia Casas, entonces Directora del Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UCM, quién junto a un selecto grupo de profesores de dicha especialidad y que hoy ya son veteranos catedráticos de diferentes universidades como Antonio Baylos, Ricardo Escudero, Julia López, Francisco Espinosa… dirigieron los Cursos Monográficos de las distintas materias en los años académicos 1.987/88 y 1.988/89, obteniendo los veinte y cinco créditos necesarios, en todos ellas con una nota media de sobresaliente.

Con dicha alta calificación compensaba los bajo resultados de obtuve durante mis estudios de la licenciatura de derecho en las Universidades de Granada, Madrid y Valencia, en los años académicos 1960 a 1967 dado que el alto grado de la militancia política en el PCE y en la FUDE me imposibilitaron de hecho el poder obtener mejores rendimientos y notas. Aunque en los tres Cursos de Sociología, de los años académicos 1962 a 1965 que se daban por las tardes en el viejo caserón de la Calle San Bernardo, la empatía con las materias impartidas y el cuadro de profesores que la impartían cubrieron con creces los rudimentarios conocimientos adquiridos en el bachiller realizado como alumno becado e interno en el Colegio del Sacro-Monte de Granada 1953 – 1960.

Previamente a la realización de esos dos años académicos de los Cursos de Doctorado en septiembre de 1986 hube de tomar una grave decisión personal y política, abandonar el PCE, tras más de veinte y tres años de militancia activa, donde ingresé en 1963  al mismo tiempo que en la FUDE, unos meses después del fusilamiento de Julián Grimau, directamente en el aparato de propaganda de la organización universitaria.

Comoquiera que en enero de 1987 coincidirían simultáneamente tres efemérides de acontecimientos históricos importantes , muy ligados a experiencias personales, profesionales y políticas, como fueron la supresión de los Juzgados y Tribunal de Orden Publico, la creación de la Audiencia Nacional y el décimo aniversario del cruel atentado al despacho de abogados  Atocha 55  pensé como una forma de seguir manteniendo una actividad pública en el Colegio de Abogados de Madrid , poner en marcha un Anteproyecto de Iniciativas varias relacionadas con esos tres temas.

La importancia y trascendencia de todos esos acontecimientos se ponen de manifiesto y en evidencia con la publicación de todas esas disposiciones legales en el Boletín Oficial del Estado de 4 de enero de 1977, coincidiendo además en el mismo BOE la publicación de la Ley de 4 de enero,1/1977 (Jefatura del Estado) para la Reforma Política, tras ser aprobada en Referéndum en diciembre del año anterior.

Del 19 al 22 de octubre de 1988 Javier Tussel, Alicia Alted y Abdón Mateos, catedrático el primero y Director  del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED y los otros dos como profesores del mismo, coordinaron el Congreso Internacional La oposición al Régimen de Franco. Estado de la cuestión y metodología de la investigación, en el que aprovechando las notas que había preparado para mi intervención en la mesa redonda del X Aniversario de la supresión de la Jurisdicción  Especial de Orden Público -fundamentalmente los primeros pasos en la investigación de sus orígenes- en el archivo del Congreso de Diputados, donde me proporcionaron todos los antecedentes respecto a la tramitación en las Cortes Franquistas, lo que luego fue la Ley de 2 de diciembre de 1963,Nº 154/63 (Jefatura del Estado) Orden Público, creando Juzgado y Tribunal, presenté una comunicación con el título El Tribunal de Orden Público, 1963-1976, trece años de represión política, que me fue aceptada y debatida en la Mesa II, Represión y Violencias políticas, dirigida por Julio Aróstegui, entonces catedrático de Historia Contemporánea en Salamanca y cuyas actas se publicaron después en dos volúmenes en octubre de 1980.

Era la primera vez que en un encuentro de historiadores profesionales e investigadores del franquismo presentaba una comunicación sobre el Tribunal de Orden Publico, por lo que puedo considerar dicho evento como un verdadero bautismo de fuego en mis tareas como investigador de las diversas represiones del franquismo, hasta constituir algo esencial  en esta tercera etapa de mi periplo vital profesional.

De dicha comunicación hice una tirada de unos cincuenta ejemplares que envié como separata a diversas personalidades del mundo del derecho, en la que ya explicitaba el carácter provisional de mis conclusiones pues esa comunicación habría de encuadrarse en un plan más ambicioso de realizar una tesis doctoral sobre el TOP y obteniendo una para mi agradable sensación pues muchos de ellos me animaron a proseguir investigando y profundizando en  los temas tratados.

Habría que destacar que ya en esa primera aproximación de los años 1987 y 1988, uno de los ejes de partida del proyecto investigador sobre la creación de la Jurisdicción Especial del Orden Publico era su indiscutible relación y vinculación con el fusilamiento del dirigente comunista Julián Grimau, en la madrugada del 20 de abril de 1963 tras un simulacro de juicio -consejo de guerra- celebrado dos días antes. Ignoraba en aquel momento, las múltiples irregularidades cometidas por las más altas instancias del Estado -Franco, Carrero Blanco y sus Ministros en la tramitación del anteproyecto de ley-, que comprobadas y verificadas documentalmente, me llevaron a calificarlo como “Crimen de Estado”.